Jaime Bayly revela cómo la dictadura venezolana utiliza un sistema perverso de incentivos monetarios para motivar a sus fuerzas de seguridad a detener a manifestantes y opositores. Según fuentes confiables citadas por Bayly, la dictadura paga $100 en efectivo por cada persona delatada y otros $100 a cada miembro de las fuerzas de seguridad que captura y detiene a un manifestante. Además, los guardias y policías que acumulan suficientes detenciones reciben “tickets“ que pueden ser canjeados por ascensos dentro de las fuerzas represivas.
Bayly explica que este sistema ha llevado a una corrupción generalizada, donde incluso los familiares de los detenidos se ven obligados a pagar sobornos para liberar a sus seres queridos, con montos que oscilan entre $1,000 y $5,000. Todo este esquema es supervisado por el mayor general Iván Hernández Dala, un alto oficial del régimen chavista.
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